La revista Temas procesales es un proyecto dirigido por la Fundación Red para el Estudio del Proceso y la Justicia
Fundación Red para el Estudio del Proceso y la Justicia
El poder del juez indígena frente al debido proceso
El presente artículo de reflexión tiene como objetivo principal desarrollar el concepto sobre los poderes que ostenta el juez indígena dentro de su jurisdicción especial, esto a la luz del debido proceso como uno de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia en el artículo 29, el cual, independiente de que se trate de jurisdicciones especiales, aplica para todas las categorías de personas. El debido proceso, sin duda, atañe a todo lo referente a las actuaciones judiciales y también administrativas; esta garantía constitucional no puede vulnerarse en ninguna de las etapas procesales, incluso si estas se surten en sede especial como lo es la jurisdicción especial indígena. En razón de lo anterior y con base en los poderes judiciales que han sido otorgados a los jueces indígenas según el Convenio 169 de la OIT y el artículo 246 de la Constitución de 1991, las decisiones de estos jueces son autónomas en relación con las demás jurisdicciones, pero deben tener en cuenta las garantías y derechos fundamentales que son inherentes tanto al ser humano como al procedimiento que se surte. En este orden de ideas, el artículo, además de desarrollar el concepto del poder judicial de los jueces indígenas, pretende exponer, en el contexto procesal, la evolución que han tenido los poderes del juez en la jurisdicción indígena.
Derechos de autor 2025 Revista Temas Procesales
La crisis de la ley procesal en Ecuador a partir de la teoría de la racionalidad de Michele Taruffo
El enfoque de investigación del presente artículo marca una metodología cualitativa y es el resultado del análisis crítico de la obra Racionalidad y crisis de la ley procesal de Taruffo (1999) en relación con el caso ecuatoriano. Este estudio pretende resolver, a través del método analítico crítico, la siguiente interrogante: ¿La doctrina como fuente del Derecho puede ayudar a solucionar la crisis de la ley procesal? La construcción de la ley procesal a lo largo de los años ha recibido críticas de coherencia y funcionalidad, pero lo importante de todo ello es que la experiencia histórica nos ha enseñado que la doctrina ha entregado soluciones a los diferentes problemas de orden procesal. En Ecuador, las dificultades que se han dado por repetición de tópicos y tropiezos deberían ser superadas por la experiencia en el derecho comparado. Sin embargo, no ha sido posible porque esta experiencia guarda el contexto social propio de cada país y, después, el desarrollo de la ley procesal encuentra una división perjudicial desde la vigencia del Código Tipo Modelo para Iberoamérica. Este trabajo tiene por objeto, a partir de la teoría de la racionalidad propuesta por el profesor Taruffo, observar varios aspectos de valoración judicial, considerados como crisis en nuestro proceso civil debido a la creación de normas y su diversa y libre interpretación que ha dejado el moderno proceso civil. Para ello, el artículo se aborda desde cuatro puntos fundamentales: Características del nuevo Código Procesal. Observación de los problemas de la ley procesal. Explicación de los motivos de la crisis. Posibles soluciones. Dentro de las conclusiones planteadas se evidencia que, a partir de la teoría de la racionalidad (Taruffo, 1999), en Ecuador existen problemas de la ley procesal que inciden en la valoración judicial, y que puede existir una crisis de la ley procesal dentro de la normativa interna.
El Internet como Derecho Fundamental Autónomo o un Servicio Público Esencial
El internet hoy ha pasado de ser una simple innovación tecnológica a tener la categoría de servicio esencial, como es el caso de Colombia, y en muchos casos se le da la categoría de derecho fundamental autónomo de carácter prestacional. Sin embargo, para nosotros, esta herramienta debe pasar de ser considerada un simple servicio y llevarse a la categoría de derecho fundamental autónomo, en razón de que se constituye en la plataforma necesaria para la realización de muchos derechos. Por ello, los Estados deben garantizar a cada uno de sus habitantes el goce efectivo de este derecho. Este derecho está directamente ligado con la dignidad humana, que se adquiere por el simple hecho de nacer. En la actualidad, hemos trascendido de la realización de derechos en el mundo fenomenológico a la realización de los derechos en un mundo virtual. Dicho espacio o mundo virtual, por su vertiginoso crecimiento, hoy goza de la regulación y control por parte del Estado.
tecnologías de la información y comunicación
La iniciativa judicial en la jurisdicción de lo contencioso administrativo
La jurisdicción contencioso administrativa está instituida para resolver determinados conflictos que requieren de un juez con conocimientos diferentes, con una lógica del ordenamiento jurídico de características y sujetos que, en esencia, se distancian de los conflictos de derecho privado. En consecuencia, tiene una relación lejana con los conflictos que se resuelven en la jurisdicción ordinaria; ello es así debido a la desigualdad existente entre administrados y administración, concedida por la presencia de unas prerrogativas para el Estado. De acuerdo con lo anterior, el proceso judicial que se tramita en la jurisdicción contencioso administrativa cuenta con normas particulares que entregan derechos y deberes para las partes y que otorgan poderosas facultades al juez como director del proceso, las cuales se justifican inicialmente al igual que en el derecho privado, en la búsqueda de la verdad y en la garantía de la tutela judicial efectiva. Sin embargo, se presentan características que obligan a estudiar la iniciativa judicial desde el núcleo del proceso contencioso administrativo colombiano, que suele utilizar lógicas diferentes a las del derecho procesal civil, en especial en actuaciones como su iniciación, la prueba de oficio, el control por vía de excepción y la terminación del proceso. Se implementa una metodología exploratoria y analítica, formulando como hipótesis que existen actuaciones que tienen como protagonista al juez dentro del proceso contencioso administrativo colombiano, el cual es considerado de naturaleza dispositiva. Se puede concluir que se confunden los linderos entre un proceso principalmente dispositivo con la existencia de múltiples actuaciones que son características de un sistema inquisitivo y con clara iniciativa judicial.
Integration of procedural provisions in Colombia: a case study as evidence of the chaos regarding to effective protection and due process
There are several application problems which are encountered in the development of the judicial process in Colombia, both from the exclusive scope of subjects regulated by the current General Process Code and from any of the special areas of application, within which there are, for example, the Code of Administrative Procedure and Administrative Litigation. These challenges in the application are fundamentally originated by the misunderstanding of how procedural law works as a system in Colombia, where the consideration regarding the rules is so useful that it allows the integration of procedural provisions, taking into account aspects which are not regulated according to the CPACA. The interpretation of procedural norms and the gaps and deficiencies of the code are based on the CGP. This misunderstanding is reflected in practice because it affects the right to equality and the ignorance of the principles of legal security and predictability of the law, which are the cornerstone of a State that declares itself as a Social Law. In summary, this text allows understanding procedural law as a system in Colombia and current application problems using a case study.
La tipificación del delito de injuria y calumnia en el derecho penal latinoamericano. Un análisis desde la Convención Americana sobre Derechos Humanos
El delito de injuria y calumnia son muy comunes en Colombia, por ende, el ordenamiento jurídico colombiano los tipifica dentro del Código Penal colombiano. Por ello, el presente artículo tiene por objeto analizar estos delitos desde una perspectiva internacional, en contraposición con el derecho a la libre expresión. Inicialmente, se caracteriza la importancia del principio de legalidad existente en los distintos ordenamientos jurídicos a partir de un recuento doctrinal y jurisprudencial, con la finalidad de relacionarlo posteriormente con el derecho a la libre expresión y la evolución legal de las conductas punibles derivadas de esta potestad de comunicación. Por tanto, se estudian los límites y vacíos dentro de un marco de legalidad y tipificación objetiva que han hecho parte del ordenamiento jurídico penal latinoamericano en torno a los delitos de injuria y calumnia. En este documento resaltan los distintos pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional desde su papel y función garantista, en un ámbito internacional para el primer ente, e interno dentro del territorio colombiano para la Corte Constitucional.
Corte Interamericana de Derechos Humanos
El análisis de contexto en la decisión judicial transicional: el forcejeo entre la verdad y la paz
La búsqueda de la verdad en ilación precisa con lo que en realidad acaeció en un determinado momento –“verdad por correspondencia”– es un objetivo encomiable de la decisión judicial. Sin embargo, es cuestionable que sea el único cometido fundamental. Un sector de la doctrina plantea que la paz para un conflicto es el principal y único mandato del proceso a través de la sentencia. Ese enfrentamiento de posturas (verdad vs paz) encuentra un punto de confluencia en la justicia penal transicional, donde la verdad y la paz son objetivos constitucionales plausibles, pero, ante todo, equiparables en la sentencia. La metodología probatoria edificada a partir del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho penal internacional denominada “análisis de contexto”, es un perfecto ejemplo de que la “verdad por correspondencia” para los crímenes de guerra y de lesa humanidad en el marco de procesos de justicia transicional, es una noble aspiración para la sentencia, pero en la práctica es difícil su consecución, pues debe solventarse con el valor superior de la paz.
Retroactividad y precedente jurisprudencial aplicación del precedente a una situación antecedente: análisis de la sentenciaT-486 de 2005
En este artículo se analizan algunas de las principales razones que justifican la aplicación del precedente jurisprudencial como sistema de interpretación vinculante en el ejercicio de función jurisdiccional, tales como la aplicación del principio de igualdad, el no afectarse con ello el principio de independencia judicial y autonomía del juez, así como tampoco su posición activa y creativa al interior del proceso jurisdiccional, independientemente de que el sistema legal imperante sea el Civil Law, dada la distancia que cada vez es menor con el Common Law. Asimismo, se analizan aquellos aspectos que evidencian su inconveniencia, justamente porque se ven afectados los principios de independencia y autonomía al no poder apartarse el juez con facilidad del precedente, con el inconveniente de que el juez deja de ser un sujeto procesal que impulsa la evolución del derecho, de acuerdo con las dinámicas –por cierto cambiantes– de la realidad social; además de no ajustarse esta forma de interpretación al sistema legal adoptado en Colombia. Para ello, se abordan algunas normas de carácter constitucional, otras de índole legal y algunas sentencias que se relacionan de manera directa con este tema y que facilitan y propician a la vez la discusión. Además, se hace un análisis de la sentencia T-486 de 2005 a través de la cual se desconocieron los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, en razón de la ponderación del principio de igualdad; todo ello justificado en la aplicación de un precedente que no operaba para el momento en que fue decidido el conflicto allí planteado, de tal manera que, sin haberse hecho un análisis expreso por parte de la Corte Constitucional, aconteció que se aplicó de manera retroactiva el precedente, al hacerlo extensivo a un conflicto que ya había sido decidido. Así, se concluye que la Alta Corporación realizó una interpretación y aplicación errada del precedente jurisprudencial, afectando así el principio de seguridad jurídica.
Los elementos imprescindibles para el establecimiento legal de la infracción aduanera y las conductas típicas que la configuran
La responsabilidad en el campo administrativo es el punto de partida para llegar al análisis de lo que se considera infracción administrativa. Se busca con este trabajo trasladar su aplicación al campo de la normativa del derecho internacional aduanero, bajo la denominación de infracción administrativa aduanera, pretendiendo, por último, plantear lo que podría ser un catálogo de infracciones administrativas aplicable en materia aduanera y que pueda ser utilizado, de manera general o común, en los diferentes regímenes aduaneros y legislaciones internacionales desde la condición de declaración inexacta y de obligaciones aduaneras atribuidas a los operadores de comercio exterior.
La prueba de oficio en el Código General del proceso
El Código General del Proceso tuvo la finalidad de actualizar el sistema procesal civil colombiano en concordancia con las tendencias contemporáneas. A tono con esta finalidad, avocó por un sistema procesal en que el juez asume un papel preponderante dentro del servicio de administración de justicia, así el juez queda investido de amplios poderes de dirección. Sin embargo, estos poderes se encuentran supeditados al respeto de los derechos y garantías constitucionales y procesales de las partes. La prueba de oficio se erige como uno de los instrumentos más importantes con los que cuenta el juez, pues con ella este operador judicial puede esclarecer los hechos que le permitan proferir una sentencia lo más ajustada posible a la verdad de lo sucedido. No obstante, el ejercicio de este instrumento, en algunas ocasiones, pone en entredicho garantías procesales como la imparcialidad del juez y la igualdad de las partes. Este artículo es producto de una investigación cualitativa que, mediante la recolección de información a través de la revisión documental y de bases de datos, examina las diferentes aristas y argumentos de defensores y retractores de la prueba de oficio. Al final, concluye con una propuesta que tiende a conservar la prueba de oficio, pero con algunas limitaciones que ciertamente se consideran necesarias para el uso adecuado de este instrumento procesal. De esta manera, se busca conseguir un equilibrio entre cumplir el objeto de la prueba de oficio y respetar las garantías procesales de las partes.
Aplicabilidad de las cadenas de razonamiento por los jueces de lo contencioso administrativo de Medellín, al momento de apreciar la prueba testimonial
Identificar la verdad probable en un proceso judicial tiene una relación de causa y prueba. De este asunto, el Dr. Michele Taruffo hizo un gran aporte al derecho procesal al instar a encontrar la verdad o falsedad de un enunciado fáctico como finalidad para una decisión jurídicamente correcta. Con este artículo investigativo se quiere realizar un homenaje a este ilustre hombre, quien con un lenguaje sencillo y profundo dejó huella imborrable en el Derecho. En el desarrollo de este análisis, el juzgador debe apartarse de su criterio subjetivo y encaminarse a un procedimiento razonable, inductivo y sistemático. Al respecto, el medio de control de Reparación Directa por privación injusta de la libertad ha tenido cambios notables que los jueces de lo contencioso administrativo han tenido que adoptar a la hora de decidir. No obstante, en cuanto a los medios de prueba, el testimonio sigue siendo un medio importante para contribuir a esclarecer dicha verdad probable; es un estudio que debe estar precedido de un razonamiento inductivo que permita establecer la verdad en grado sumo de probabilidad. Esto ha conducido a que, en la prueba testimonial, puedan aplicarse como herramienta de pensamiento las cadenas de razonamiento, de tal forma que las mismas permitan una aproximación más cercana y más probable a la verdad.
Prueba y verdad. Reflexiones desde la obra de Michele Taruffo
En este artículo se reflexiona sobre los conceptos de prueba y verdad con fundamento en el trabajo del maestro Michele Taruffo, a través de una metodología analítica y crítica hermenéutica, utilizando herramientas como la globalización del análisis, el empleo sistemático de la comparación y el estudio interdisciplinar, elementos que destacaba el insigne maestro en el abordaje de los problemas planteados. En el discurso teórico se abordan temas como: enunciados fácticos, el contexto procesal, la prueba y su relacionamiento con el fin de verdad en el proceso. Se encontrará cómo los autores presentan un estándar para la construcción de enunciados, fijando el inicio de todo proceso en la realidad, señalando que el contexto procesal es un espacio donde convergen varios puntos de vista que conforman un escenario en el cual debutan los enunciados. Asimismo, se presenta la prueba como aporte de conocimiento y como elemento de persuasión; finalmente, se señala que el juez, en su valoración, en todo caso debe establecer la correspondencia del enunciado con la realidad del hecho que se describe, en una constante relación entre prueba y verdad. Además, se indaga por el proceso y la dinámica de producción de conocimiento desde una perspectiva empírica, centrando el estudio en la técnica de formulación y discusión sobre los enunciados que tienen como base hechos que pueden ser verdaderos o falsos, según el interés de parte y la visión normativa o lógica con que se evalúen, asegurando con ello la necesaria aptitud para el dominio de las narraciones y su puesta en escena, a la luz de las cuales la función de la prueba como fuente de conocimiento y persuasión puede denotar mayor importancia para la democracia y la justicia de la decisión.
La verdad, la prueba y los estándares de suficiencia probatoria. Una reflexión en torno al pensamiento transformador de Michele Taruffo con respecto a la nueva enseñanza del derecho procesal
El presente artículo fue elaborado en consideración al pensamiento y la obra del profesor Michele Taruffo en los ámbitos jurídico, filosófico y pedagógico. En la primera parte se analiza la prueba y su vinculación con la verdad desde una perspectiva histórica, filosófica y epistémica. Luego, se aborda la incidencia de los estándares de prueba respecto de la construcción de un proceso judicial racional, en donde la averiguación de la verdad es el eje central de la valoración probatoria. Finalmente, el estudio concluye con algunas reflexiones acerca del legado del tratadista italiano para América Latina con respecto a la nueva enseñanza del derecho procesal. Por lo tanto, este artículo de investigación propone visibilizar la trascendental contribución de Taruffo en la renovación del derecho procesal tradicional a través de su gran influencia en la formación teórica de los profesionales de la justicia, en cuanto al estudio de importantes tópicos de la cultura jurídica contemporánea tales como la verdad, la prueba y los estándares de suficiencia probatoria, en donde el conocimiento verdadero de los hechos en litigio funja como pieza clave en dicha búsqueda. Advirtiendo que la verdad alcanzable dentro del sumario solo se puede obtener en términos de probabilidad. Todo esto, con base en una metodología de investigación cualitativa y descriptiva, con sustento en el análisis principalmente doctrinal.
Reflexiones sobre la motivación de la sentencia judicial
La motivación de las sentencias judiciales, entendida como la exposición de los argumentos de hecho y de derecho que sirven de fundamento racional de la decisión adoptada por el juez a la luz del ordenamiento jurídico, no debe entenderse únicamente como una garantía del debido proceso en favor de las partes en litigio, sino también como una prerrogativa para toda la sociedad, encaminada a evitar la arbitrariedad del funcionario judicial dentro de un sistema democrático. En la tarea de motivar la sentencia judicial, el juez puede incurrir en vicios por omisión, insuficiencia y contradicción. Aunque el Maestro Taruffo defiende la nulidad de la sentencia como consecuencia de esos vicios en su motivación, este artículo presenta argumentos sobre la imposibilidad de acoger integralmente esa tesis en el sistema procesal civil colombiano.
Negación del acceso a la administración de justicia en casos deviolencia contra la mujer
Pese al amplio marco normativo, abundante jurisprudencia y la existencia de diversas organizaciones de derechos humanos que propenden por el respeto de los derechos de la mujer, la violencia desplegada en su contra sigue siendo un fenómeno global persistente. En Colombia, a raíz de la expedición de la Ley 1542 de 2012, que eliminó el carácter querellable y desistible de este delito, su investigación es oficiosa, lo cual ha incrementado notablemente su judicialización, sobre todo cuando se trata de capturas en flagrancia, ya que, al ser la pena mínima superior a 4 años, en todos los casos de captura debe legalizarse el procedimiento ante un juez de control de garantías. Es por ello que, ante la enorme congestión de procesos en la Fiscalía, se ha considerado que no es posible continuar con la investigación, ya que la víctima usualmente no va a testificar en el juicio o no quiere declarar basándose en su derecho a la no incriminación. Por tanto, concluye el ente investigador que no tiene elementos probatorios para sostener una acusación y, dada la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, decide terminar el proceso acudiendo ante el juez de conocimiento para tramitar preclusión por este motivo. El presente artículo hace un análisis de la normativa nacional e internacional y la jurisprudencia relacionada con la protección de la mujer frente a los actos de violencia, la cual busca no solo prevenir y erradicar, sino también sancionar a los infractores de estas conductas. Además, examina cómo la solicitud de la Fiscalía de tramitar preclusión por una deficiente investigación conlleva a la negación de justicia para la mujer. Para ello, se utilizará un paradigma naturalista, con un enfoque cualitativo y un método hermenéutico sobre la información documental de carácter jurídico.
Alcance de la valoración probatoria, desde la visión de Taruffo, como garantía del debido proceso ante la facultad disciplinaria del empleador
En este artículo se buscará analizar el alcance de dos cuestiones procesales significativas: el debido proceso y la valoración probatoria, de cara a la facultad disciplinaria del empleador, que le ha sido otorgada para lograr el desarrollo adecuado de la relación laboral. El alcance de esa facultad se abordará desde la visión del debido proceso y de la valoración probatoria que ha propuesto Michelle Taruffo, jurista y tratadista italiano que, en sus obras, ha consolidado importantes aportes para el estudio y la construcción del derecho procesal contemporáneo. Más allá de que se trate de un procedimiento y aunque se desenvuelva en el ámbito privado, la facultad disciplinaria en materia laboral no es ajena a la observancia de las garantías mínimas del debido proceso que, en el caso colombiano, se han desarrollado a partir de la interpretación hermenéutica del artículo 29 superior en la jurisprudencia constitucional.
Procesos judiciales de acoso laboral en Colombia y la carga de laprueba. Análisis desde la perspectiva del maestro MicheleTaruffo
El movimiento probatorio dentro de los procesos judiciales de acoso laboral denota un alto grado de inconsistencia, pues no se respeta debidamente la presunción establecida en la Ley 1010 de 2006 a favor de los demandantes que alegan haber sido objeto de este tipo de conductas. Ellos, por el contrario, deben desplegar todo el material probatorio a su alcance para demostrar sus afirmaciones, lo que los deja en una aparente desventaja con respecto a sus empleadores. El análisis que aquí se sustenta en las tesis de derecho probatorio desarrolladas por Michele Taruffo. La forma en la que hoy se plantea la carga de la prueba en los casos mencionados pone al demandante en la necesidad de acudir a la administración de justicia para convencer al juez y, asimismo, de llevarle la mayor cantidad de material probatorio para evitar dudas que conlleven una sentencia desfavorable. Además, lo deja en la incertidumbre de que dichas pruebas se logren practicar, valorar y analizar de manera que verdaderamente manifiesten la existencia de un acoso laboral.
Carga de la prueba en la responsabilidad civil por actividades financieras por el uso de canales electrónicos en Colombia, una mirada desde Michele Taruffo
En este artículo se evaluará lo atinente al principio de la carga de la prueba en el marco de la responsabilidad civil por actividades financieras derivadas del uso de canales electrónicos, ocupándose de establecer cómo debe aplicarse en el proceso, bajo la perspectiva de la importancia de la verdad y su relación con la carga de la prueba desde la obra de Michele Taruffo. Se partirá del estudio o exposición teórica de una serie de instituciones jurídicas sustanciales y procesales que han servido de marco general para resolver asuntos de responsabilidad civil como el expuesto en esta propuesta, continuando con su análisis de cara a la evaluación de las relaciones contractuales con las entidades financieras a través de operaciones electrónicas, relevando lo atinente a la carga de la prueba entre las partes en los litigios que por ello puedan suscitarse. El asunto ha sido abordado por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Medellín en diversas sentencias desde un enfoque jurídico y probatorio de los casos puestos de presente, pero no a un ejercicio investigativo. Asimismo, los estudios a nivel científico han estado enfocados exclusivamente a los riesgos en las operaciones electrónicas y en la necesidad de protección a los consumidores financieros. Se evidencia la importancia y necesidad de abordar las dificultades que en el ámbito procesal plantea la falta de una regulación expresa y especial de cargas probatorias para el caso de una responsabilidad como la ya enunciada, vacío legislativo que ha determinado que sea el juez, en cada caso sometido a su conocimiento, quien haga uso de las herramientas hermenéuticas e interpretativas con que cuenta para resolverlos, lo que puede generar decisiones encontradas en la jurisdicción y comprometer la verdad en el proceso.
Los hechos debidamente comprobados, base de la decisión judicial justa: Michele Taruffo
En este artículo se expone como aspecto central la importancia de los hechos del proceso y su comprobación dentro de la decisión judicial, la cual debe entenderse en términos de justicia y no como una simple resolución de la controversia. Para ello, se abordarán brevemente los aportes que dejó el profesor Michele Taruffo respecto al proceso y la decisión judicial; se examinarán aspectos como la verdad, las pruebas, la valoración probatoria y la motivación de la sentencia. Se parte de la explicación de la función judicial como una actividad o fin del Estado, que consiste en la resolución de controversias bajo criterios de justicia. Posteriormente, se habla acerca de la importancia de los hechos, la comprobación de su veracidad dentro del proceso judicial, el contexto que el profesor Taruffo les da dentro de la controversia y la importancia de determinar la verdad de los hechos en el proceso. Este trabajo se aparta de las perspectivas que niegan esta posibilidad en el proceso judicial y que comúnmente se conocen como veriphobia. Finalmente, se menciona el papel de las pruebas, su valoración y la motivación de la sentencia. Para llegar a una aproximación acerca de los aportes del profesor Taruffo, se realizó una búsqueda bibliográfica en bases de datos disponibles en la web y de manera física; de esta forma, se estudió y examinó una serie de artículos y libros de su autoría, así como también la revisión de textos de distintos autores que se refieren y enaltecen las obras del maestro. Además, se realizó una selección de los textos que se refieren a la importancia de la veracidad de los hechos a la hora de adoptar la decisión judicial.
¿Convencimiento o conocimiento para condenar? Reflexiones entorno al hallazgo de la verdad y la prueba testimonial en elproceso penal colombiano
El presente artículo tiene por objetivo abordar la discusión acerca del objeto del proceso penal. Se pretende discernir si la finalidad es el hallazgo de la verdad o la emisión de la sentencia que ponga fin al proceso, tomando como referente la obra del profesor Michele Taruffo. Particularmente, el trabajo aborda las diferencias que pueden suscitarse entre los estándares del conocimiento o convencimiento para la emisión del fallo de condena y la vinculación de dichos estándares con la prueba testifical a través del método del interrogatorio cruzado de testigos, de acuerdo con la legislación penal colombiana.
EL IMPACTO DE LOS APORTES DE MICHELE TARUFFO EN EL DERECHO PROCESAL COLOMBIANO, LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD Y DE LA EFICIENCIA EN EL PROCESO JUDICIAL
El propósito de este trabajo es determinar el impacto de los aportes del maestro Michele Taruffo en el derecho procesal colombiano, con respecto a la búsqueda de la verdad y de la eficiencia del proceso judicial. El desarrollo de este estudio se enmarcó en una investigación de tipo correlacional, optando por la técnica de revisión documental bibliográfica y por la aplicación del método analítico inductivo. Los principales resultados demuestran: 1) Una decisión justa debe basarse en la reconstrucción verdadera de los hechos del caso; 2) la eficiencia es un componente clave de la resolución del conflicto, que propende por la protección de las garantías procesales; 3) La búsqueda de la verdad y de la resolución del conflicto como fines del proceso tienen una relación inversa y complementaria; esta relación la comparten la verdad y la aplicación de la eficiencia en el proceso judicial, lo que conlleva en la práctica a una ponderación en la que participa activamente el derecho procesal. Gracias a este trabajo, se llegó a la conclusión de que el derecho procesal colombiano favorece la aplicación de la eficiencia y, con esto, la solución del conflicto como fin del proceso; sin embargo, más allá de entender la etapa procesal como instrumento de aplicación del derecho sustancial, el fin del proceso sufre una transformación y se configura como la búsqueda de la verdad.
LOS APORTES REALIZADOS POR MICHELE TARUFFO FRENTE AL ROL DEL JUEZ, LA JURISDICCIÓN, LA LEY PROCESAL Y LA PRUEBA, PARA EL ALCANCE DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA EN COLOMBIA
El presente artículo destaca algunos de los aportes realizados por Michele Taruffo: honorable procesalista, jurista y filosofo del derecho, frente a temas como el rol del juez y los poderes que tiene en el proceso, destacando el importante rol que juega para la protección de derechos. Además, se abordan los conceptos de jurisdicción, como la herramienta que permite la materialización del derecho sustancial y de ley procesal, mencionando algunos de los parámetros necesarios para alcanzar la racionalidad dentro del sistema procesal. Finalmente, se desarrollan los conceptos de la prueba, y su valoración, como instrumento esencial para alcanzar la verdad procesal. A partir del mencionado análisis, se concreta la manera en la que estos aportes coadyuvan para que se garantice el acceso a la administración de justicia o l alcance de la tutela judicial efectiva en Colombia.
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA DESDE LA PERSPECTIVA DE MICHELE TARUFFO
El proceso tiene lugar cuando se ha vulnerado y se ejecuta la reclamación de un derecho, su propósito es que se garantice —a través de una serie de pasos determinados previamente por la ley— la protección efectiva de este. Para cumplir con su función, el proceso debe responder a garantías que le son propias como la de la tutela judicial efectiva. Estas garantías deben ser comprensibles desde el ámbito académico, para que su aplicación práctica permita una protección material de los derechos fundamentales que buscan salvaguardar. A lo largo de este texto, se hará una aproximación a la tutela judicial efectiva en el contexto colombiano y una reconstrucción de este concepto a partir de los postulados de Michele Taruffo.
PRINCIPIOS QUE RIGEN AL JUEZ REFLEJADOS EN LAS BUENAS PRÁCTICAS JUDICIALES, UN EXAMEN DE LOS APORTES DE TARUFFO
La función que desempeña un buen juez constituye un servicio público en el que se pretende la realización de una recta y pronta justicia. Para alcanzarla no solo es necesario contar con un profesional con virtudes judiciales, sino con uno que realice su labor en busca de la verdad de los hechos. Para encontrarla, es necesario darle un correcto trámite al proceso; es decir, cuidar el recaudo probatorio, la motivación de las decisiones y la observancia de los principios. Además, el juez director debe contar con una clara independencia e imparcialidad, principios que resaltan en las buenas prácticas judiciales. Este artículo tendrá como base el método dogmático apoyado en el análisis normativo, jurisprudencial, doctrinal y, en especial, en los aportes realizados por el profesor Michelle Taruffo. A través de él se pretende abordar cada uno de los principios que rigen la labor del juez e identificar y reflexionar si los mismos están siendo observados por parte de los jueces a través de las buenas prácticas judiciales. En ese orden, y como se determinará más adelante, concluiremos que existen varias prácticas judiciales que han sido atendidas por los jueces en Colombia, las cuales han permitido mejorar el servicio de administración de justicia y emitir decisiones más cercanas a la verdad.
RESEÑA DE LA SENTENCIA SC5039-2021 DE LA CORTE SUPREMADE JUSTICIA DE COLOMBIA, RAD.: 52001-31-10-006-2018-00170-01, INCIDENTE DE REPARACIÓN DE PERJUICIOS (2021, 10 DEDICIEMBRE)
En un proceso de declaración de unión marital de hecho se hizo patente la violencia a una mujer por parte de su pareja a lo largo de la relación y, aun así, tanto en primera como en segunda instancia, ella obtuvo de los jueces fallos que no cumplieron el claro mandato establecido por la Corte Constitucional de Colombia (Sentencia SU-080 de 2020) consistente en que, cuando se constata que hay violencia de género, se debe ordenar en la sentencia, aun de oficio, la apertura del incidente de reparación de perjuicios. En el caso de la sentencia que acá se reseña fue necesario que, en sede de Casación, la Corte Suprema de Justicia de Colombia recordara la prescripción del alto tribunal constitucional y diera la orden para que se iniciara el mencionado incidente.
INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES YPREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE EL PROCESAL
En este artículo se analiza el principio del interés superior de los infantes y adolescentes como concepto jurídico indeterminado en el artículo 8 del Código de la Infancia y la Adolescencia al que la autoridad judicial dota de contenido. Se hace un recuento histórico de la normativa nacional e internacional, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta las normas internas, principalmente algunas sentencias de la Corte Constitucional en las que, al analizarse este principio, se han establecido subreglas como la garantía del desarrollo integral del niño o adolescente con el disfrute pleno de sus derechos y la prevalencia de sus derechos sobre los de sus familiares, evitando cambios desfavorables en su vida y en procura de escuchar siempre lo que sienten y piensan. Por otro lado, se encuentra el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, que no ha de entenderse según sus niveles de importancia sino atendiendo a su relación de complementariedad, en tanto el derecho procesal sirve para materializar el derecho sustancial. Así, en eventos de excesiva exégesis, según la Corte Constitucional, se renuncia a la verdad jurídica que se extrae de los hechos por el rigorismo en la aplicación de la norma procesal. De tal manera, se propone ante la pugna entre estos dos principios, un ejercicio de ponderación, de test de razonabilidad y de armonización concreta para dotar de contenido el principio del interés superior de los infantes y adolescentes buscando aplicar con más flexibilidad las normas procesales sin que se desconozca el formalismo propio del derecho procesal como manifestación del debido proceso.
interés superior de los niños y adolescentes
prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA DE LOS DERECHOS SOCIALESEN PANAMÁ
La situación panameña que se plantea en el presente artículo puede ser muy similar a la que atraviesan algunos países latinoamericanos que no cuentan con una tutela judicial efectiva de sus derechos sociales. Desde una perspectiva crítica, se caracteriza la tutela de los derechos sociales en la Constitución panameña, para describir luego los recursos constitucionales de protección de derechos difusos con que cuenta su ordenamiento jurídico. Posteriormente, se fundamenta la importancia de implementar acciones constitucionales como el amparo, que atiendan a la tutela de derechos colectivos como los derechos sociales. Para ello es necesario definir criterios que establezcan los estándares mínimos y máximos que deben atender los derechos sociales, y no dejar a la discrecionalidad del poder ejecutivo y/o legislativo los mecanismos de protección. En este sentido, se plantea el criterio de conexidad como alternativa aplicable a la labor de interpretación constitucional que está llamada a ejercer la Corte Suprema de Justicia en pleno, como tribunal constitucional. Esto, con la finalidad de tutelar los derechos sociales vulnerados de forma conexa con derechos fundamentales que, por dicha vulneración, se vean también afectados. La anterior propuesta significaría un gran avance para Panamá, puesto que la parte dogmática de su Constitución Política mantiene, en el Título III, la connotación de que los derechos sociales se supeditan a los derechos fundamentales, con lo que se conciben aquellos como no justiciables. La adopción del principio de proporcionalidad es necesaria para disuadir la discrecionalidad legislativa, en cuanto a la atención prioritaria o no de un derecho social ante otro que se considere más urgente. Desde el punto de vista fáctico, se plantea la necesidad de flexibilizar el alcance de la acción de amparo, para que esta responda a una construcción jurisprudencial con miras a ampliar su espectro, de forma colectiva.
acción de amparo de garantías constitucionales
ACCESO A LA JUSTICIA, EL RETO DE ENTENDER LA COSMOVISIÓNINDÍGENA DE LOS PUEBLOS ARHUACO, EMBERA CHAMÍ YEMBERA KATÍO
Colombia es un Estado pluralista que reconoce la coexistencia de diversos órdenes normativos, como el de las comunidades indígenas, que tienen la potestad de administrar su propio sistema de justicia. Sin embargo, se presentan conflictos de competencia con la jurisdicción nacional por no existir un diálogo claro entre ambos sistemas de valores que permitan entender la noción de proceso y justicia en una y otra jurisdicción, situación que ha desfavorecido a las comunidades indígenas que se han visto permeadas por sistemas de justicia y proceso occidentales que no corresponden a su cosmovisión. El objetivo de este artículo es caracterizar los principios que rigen la concepción de justicia y la noción de proceso al interior de las comunidades indígenas arhuaca, embera chamí y embera katío a través del análisis de las huellas discursivas que han quedado fijadas en diferentes sentencias en las que se han visto involucradas en alguna situación jurídica. En los tres pueblos indígenas rige la denominada ley de origen como mandato superior que orienta la conducta de cada individuo, la cual busca preservar el orden social y el equilibrio con la naturaleza y la Madre Tierra, por tanto, la justicia y el proceso se aplica no solo en el terreno material sino también con un sustento en el ámbito espiritual.
JUSTICIA DIGITAL Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA EN LAPROYECTADA NORMATIVA DE EFICIENCIA PROCESAL Y DEEFICIENCIA DIGITAL EN ESPAÑA
El presente texto aborda varios aspectos relacionados con la comunicación telemática en el ámbito jurídico. La comunicación telemática se rige por la legislación vigente, con especial atención al artículo 152.2 Ley de Enjuiciamiento Civil [LEC, 2000], que establece el uso de medios electrónicos para los actos de comunicación cuando sea obligatorio o por elección de las partes. Se plantea una excepción en el artículo 155.1 LEC, donde se establece que la primera notificación a una persona jurídica debe realizarse en su domicilio social, no a través de la Dirección Electrónica Habilitada Única [DEHÚ]. Sin embargo, propuestas de reforma podrían alterar este equilibrio, afectando potencialmente el derecho a la tutela judicial efectiva. En cuanto a los actos procesales orales, su realización por medios telemáticos se regula en el artículo 229.3 Ley Orgánica del Poder Judicial [LOPJ, 1985], con el objetivo de garantizar la contradicción de las partes y la salvaguarda del derecho de defensa. Por otro lado, en el proceso penal, se introduce la grabación de las vistas para reforzar las garantías del justiciable, aunque se plantean distintas modalidades según la disponibilidad de medios tecnológicos. En conclusión, se destaca la importancia de conciliar la implementación de la justicia digital con la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Se advierte sobre posibles conflictos con la normativa vigente y se aboga por garantizar la transparencia y la seguridad jurídica en todos los procesos.
ODR, HERRAMIENTAS EN CONSUMO Y COMERCIO ELECTRÓNICO
El presente análisis examina la progresiva preeminencia del derecho del consumo dentro del ámbito jurídico contemporáneo, destacando su evolución desde una mera regulación contractual hasta constituir una disciplina jurídica autónoma. Se enfoca en la consolidación de los consumidores como colectivo social y la consagración del derecho del consumo como un cuerpo normativo independiente, así como su pertinencia en un contexto globalizado y tecnológico. Subraya la imperiosa necesidad de normar el consumo de manera sostenible y equitativa, con el propósito de salvaguardar los derechos de los consumidores y fomentar prácticas comerciales equitativas. Además, se analiza detenidamente la interrelación entre el consumo y la sostenibilidad, resaltando la responsabilidad compartida entre consumidores, empresas y entidades regulatorias. Asimismo, se abordan los desafíos legales asociados al comercio electrónico y la complejidad inherente a los conflictos transfronterizos en el ámbito del consumo. En última instancia, se concluye en la trascendencia de abordar cuestiones como la sostenibilidad, el acceso a la justicia y la regulación del comercio electrónico para asegurar la efectiva protección de los derechos de los consumidores en un entorno jurídico caracterizado por un constante devenir. Este análisis incita a reflexionar sobre la necesidad de adecuar el derecho del consumo a los imperativos del siglo XXI, propiciando una mayor equidad y justicia en las relaciones comerciales y fortaleciendo la salvaguarda de los consumidores en un contexto globalizado y digitalizado.
ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible)