La revista Temas procesales es un proyecto dirigido por la Fundación Red para el Estudio del Proceso y la Justicia
Fundación Red para el Estudio del Proceso y la Justicia
La valoración de las pruebas y su control a cargo de la Corte de Casación italiana
La valoración de la prueba consiste en la atribución de un significado informativo a los elementos probatorios. Se desarrolla por etapas cognitivas: desde la percepción hasta la interpretación, llegando finalmente a la valoración en sentido estricto del elemento de prueba y al resultado probatorio consecuente. Sobre la base de la experiencia pasada acerca del funcionamiento del mundo, según la cual A está asociado a B, el juez, a partir de la presencia del elemento de prueba A, es capaz de formarse una convicción sobre la forma de ser del hecho desconocido y controvertido B. Se trata de una inferencia de naturaleza hermenéutica, porque el juez debe comprender el alcance exacto de la regla de experiencia que pretende aplicar y verificar si el caso concreto puede efectivamente reconducirse a ella. El ensayo profundiza en estos aspectos y posteriormente examina las formas y los límites del control ejercido por el Tribunal de Casación sobre la valoración de la prueba realizada por el juez de mérito.
Principio de la libre convicción del juez
Control del juicio de hecho en las fases de impugnación
Derechos de autor 2025 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Fundamentos teóricos y normativos de las pruebas digitales
El artículo esboza los fundamentos del tratamiento jurídico de las precauciones orientadas a mantener la integridad, la autenticidad y la auditabilidad de las pruebas digitales obtenidas mediante el acceso directo o remoto a sistemas informáticos. Los fundamentos teóricos y normativos de las pruebas digitales, esto es, sus presupuestos, no vienen determinados tan solo por el poder de injerencia en la vida privada y de tratamiento automatizado de los datos. El fenómeno probatorio actual es muy diferente del escenario que predominó durante siglos El fenómeno probatorio actual es muy diferente del escenario que predominó durante siglos hasta hace poco más de diez años. Hoy en día, los profesionales del Derecho se enfrentan a pruebas generadas de manera automática mediante sistemas de inteligencia artificial, que no tienen relación con una determinada realidad empírica. La opacidad de los sistemas informáticos que procesan la información digital y constituyen las pruebas digitales es antagónica a la publicidad procesal. Las pruebas digitales no están sujetas al mismo estatuto epistemológico que las pruebas tradicionales, requieren un tratamiento jurídico-procesal compatible con su condición de objeto digital y el potencial engañoso de su forma final —su resultado— es insuficiente para asegurar su admisibilidad en el proceso, dada la volatilidad y la posibilidad de manipulación de los datos, imperceptible si no se comprueba técnicamente su autenticidad, integridad e integralidad. El peritaje oficial es una etapa relevante en la formación de la prueba digital. La manipulabilidad de esta prueba no permite que, en el ámbito jurídico, la formen sujetos que tienen intereses o que actúan de acuerdo con hipótesis fácticas preestablecidas.
Trastornos de lenguaje y pruebas personales
Tanto en la doctrina como en la legislación ha habido importantes avances respecto a la protección de las personas con discapacidad encaminadas a que se garantice el tratamiento equitativo de quienes tengan específicas características funcionales. Mucho menos desarrollo ha tenido el examen de las dificultades de comunicación —de comprensión y/o expresión— respecto a quienes deben tratar con la administración de la justicia, bien como partes procesales, bien como testigos obligados a declarar, en cualquiera de los órdenes jurisdiccionales. Se hace una revisión de las previsiones normativas, para analizar cuál es la regulación al respecto en el ordenamiento jurídico español y cuáles son las carencias que todavía existen. Se concluye que es necesario superar las dificultades a través del apoyo de un tipo de facilitador concreto: el logopeda, y de disposiciones normativas más incluyentes y eficaces.
Derechos de autor 2026 Lorenzo M. Bujosa Vadell, Miquela M. Sastre Vidal (Autor/a) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Criminal compliance program y prueba en el proceso penal español
La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, introdujo en España la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sin embargo, quince años después persisten importantes incertidumbres de carácter sustantivo en torno al modelo de atribución de dicha responsabilidad, que se proyectan también en el ámbito procesal. En este contexto, surgen dudas acerca de la carga de la prueba respecto de los elementos positivos o negativos del criminal compliance program. La determinación de la carga de la prueba del criminal compliance program reviste especial complejidad e importancia, en la medida en que incide directamente en los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución Española, tales como el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a no autoincriminarse.
Lingüística forense como herramienta en el análisis para la identificación de pruebas jurídicas
Este texto surge de una conferencia preparada para el Foro internacional sobre protección judicial y juicio efectivos, con el objetivo de presentar la lingüística forense como una herramienta de investigación y pericia, situando algunos casos analizados en la Universidad Federal de Goiás, Brasil, así como el proyecto LabJus, un laboratorio de análisis forense aún en fase de concepción. Se fundamenta teóricamente la lingüística forense a partir de ejemplos extraídos del análisis discursivo realizado sobre una selección de frases del presidente Luis Inácio Lula da Silva. Se presentan los conceptos de análisis del discurso elaborados por tratadistas y aplicados al tema forense, en relación con el estudio del Derecho Penal brasileño. A partir de fragmentos centrados en las declaraciones del «enunciador-juez», se observa una escena de enunciación inquisitorial y un enunciador inquisitorial que se atribuye derechos de investigación, construyendo una imagen que Lopes Júnior (2014) denomina juez-autor. En consecuencia, se imprimen marcas personales en su discurso que denotan su postura imponente, su punto de vista acusatorio y, mediante estas marcas, al asumir la autoría de la declaración, se concluye que hoy en día cualquier frase podría constituir una prueba admisible como evidencia de «guerra política» en una sentencia de tipo inquisitorial.
La prueba para la determinación de la filiación
El descubrimiento de la estructura del ADN en 1953 y la posterior verificación de su utilidad para determinar la relación biológica de filiación supusieron una revolución en la determinación de la paternidad y la maternidad. En este trabajo se efectúa un estudio comparado de los sistemas español y colombiano de determinación de la filiación por naturaleza, con especial referencia al valor de la prueba biológica. La evolución legal reciente en España muestra una tendencia a la irrelevancia de la prueba biológica en ciertos casos. Esto se observa en los reconocimientos de complacencia, la fecundación asistida heteróloga, la doble maternidad matrimonial y la figura del progenitor no gestante de la Ley Trans, dando lugar a una nueva «filiación intencional» basada en el consentimiento.
Injusticia algorítmico-epistémica y valoración probatoria: desafíos probatorios de la injusticia testimonial y lineamientos para minimizar sus riesgos en la decisión judicial
Este artículo tiene como propósito formular lineamientos epistemológicos, jurídicos y técnicos que contribuyan al fortalecimiento de la administración de justicia, partiendo de la necesidad de mitigar el riesgo inherente a la injusticia algorítmico-epistémica. Con el fin de lograr este objetivo propuesto, se desarrolló una investigación de carácter cualitativo, sustentada en un enfoque analítico-deductivo. Esta metodología integró el análisis documental con la aplicación del enfoque fenomenológico propio de la tradición filosófica, concretando un abordaje interdisciplinario del problema objeto de estudio, el cual se ha denominado injusticia algorítmico-epistémica. La injusticia algorítmica se puede conjugar con la injusticia epistémica en detrimento de personas y grupos históricamente excluidos y vulnerables frente al acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, por lo que se requiere su adecuada comprensión para minimizar los riesgos y lograr el fortalecimiento de la tutela judicial y la observancia de las garantías procesales en escenarios en los cuales se aplican sistemas de inteligencia artificial en la administración de justicia.
La cientifización del proceso: propuestas epistemológicas desde Taruffo para el proceso contencioso administrativo en Colombia
La intención fundamental de este artículo es abordar el tema de la cientifización del proceso en el ámbito jurídico, especialmente en el proceso contencioso administrativo en Colombia, con el fin analizar los elementos constitutivos que sirvan de materia prima al integrar el método científico para encontrar la verdad procesal, entendida como una verdad demostrable, cuantificable y verificable. Esta propuesta, basada en las ideas de Taruffo, sostiene que la aplicación de fases como la observación, formulación de hipótesis y experimentación, ayuda a superar la subjetividad en las decisiones judiciales. La cientifización del proceso no es tarea de un solo actor; requiere de recursos humanos con mentalidad interdisciplinaria y de la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, como la inteligencia artificial y la justicia algorítmica. Es fundamental que los profesionales del derecho comprendan la naturaleza de estas tecnologías, diferenciando datos, información y conocimiento, ya que si bien la inteligencia artificial procesa datos y genera información, carece de conciencia, intencionalidad o razonamiento moral y no produce conocimiento epistémico en el sentido filosófico, el cual requiere de interpretación humana, juicio prudente y deliberación moral. Por lo tanto, el papel de la inteligencia artificial en la administración de justicia es complementario y subordinado al juicio jurídico humano.
El principio de precaución ambiental como argumento en la creación judicial del derecho: aportes de Taruffo a la justificación judicial
La tesis teórica del juez creador de derecho, respaldada por Hart, Dworkin, Alexy y Taruffo, cuenta con amplia tradición y respaldo jurisprudencial. Bajo esta premisa, puede sostenerse que la labor judicial no se reduce al ejercicio de subsunción, sino que exige, en muchos casos, escogencia discrecional, especialmente ante vacíos normativos o conflictos no previstos por el legislador. Esta facultad creadora, sin embargo, no es arbitraria: está sujeta a límites argumentativos, constitucionales y sistémicos que exigen una justificación racional. En el campo ambiental, el principio de precaución se erige como terreno fértil para estudiar la creación judicial del derecho en contextos de incertidumbre científica y urgencia ecológica. Este principio es invocado cuando no existe certeza sobre los efectos e impactos de un proyecto, obra o actividad en el medio ambiente, y permite que los jueces adopten decisiones innovadoras y justificadas en defensa del derecho colectivo a un ambiente sano, la protección de la vida, la naturaleza y el desarrollo sostenible. Es fuente del derecho especialmente cuando, ante la ausencia de normas claras, el juez lo invoca como fundamento normativo legítimo para resolver un caso concreto. Surge entonces una tensión compleja entre el principio de precaución y la innovación cuando persiste la incertidumbre científica. Este artículo retoma lo planteado por Taruffo sobre los límites de la legalidad y la justificación en la creación judicial del derecho. A partir de ello, examina cómo el principio de precaución puede operar como fundamento legítimo en la construcción jurisprudencial del derecho ambiental y del desarrollo sostenible.
justificación racional de las decisiones judiciales
Prueba científica/tecnológica en las tecnologías de registro distribuido
El trabajo analiza el papel de la tecnología Blockchain (modalidad de Tecnología de Registro Distribuido o TRD) y los activos digitales como prueba en el proceso civil. Blockchain es una base de datos descentralizada, inmutable y segura que agrupa transacciones en bloques enlazados criptográficamente. El acceso judicial al “libro de registros” de Blockchain (por ejemplo, en los smart contracts) podría sugerir una prueba documental o un reconocimiento judicial. Sin embargo, la complejidad técnica de los contenidos encriptados (scripts en lenguaje Solidity) hace imprescindible la intervención de un perito como intérprete para el órgano judicial. La tendencia es considerar la prueba en Blockchain como prueba científica/ digital, donde la tecnología misma determina los hechos, aunque el juez debe ejercer su función jurisdiccional de valoración y motivación, sin suplantación de la tecnología. La prueba científica no debe ser convertida en una “súper prueba” de fiabilidad absoluta; su validez debe ser controlada con criterios como los de Daubert (grado de acierto, consenso científico y estándares de calidad).
TRD (Tecnologías de Registro Distribuido)
El estancamiento procesal en la ejecución civil boliviana: análisis crítico de la subasta judicial y alternativas para la tutela efectiva del crédito del acreedor
La ejecución civil en Bolivia presenta serias deficiencias cuando la subasta judicial fracasa y el acreedor no quiere o no puede adjudicarse el bien cautelado del deudor. Este artículo examina críticamente el uso exclusivo y reiterado de la subasta como mecanismo de realización de bienes, revelando cómo esta práctica genera un estancamiento procesal incompatible con la tutela judicial efectiva. A partir de un enfoque comparado y doctrinal, se analizan alternativas como la enajenación directa, la dación en pago voluntaria, la prenda pretoria o anticresis judicial, la afectación social del bien o la intervención de entidades especializadas. Se propone una reforma normativa que amplíe las facultades del juez y flexibilice los medios de ejecución para garantizar el derecho del acreedor a la satisfacción del crédito, asegurando así la funcionalidad del proceso.
Derechos de autor 2026 Nicol Angela Gemio-Romero (Autor/a) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Análisis crítico de las garantías judiciales en el proceso de extinción de dominio
El proceso de extinción de dominio en Colombia, regulado por la Ley 1708 de 2014, busca combatir estructuras de economía criminal afectando bienes de origen o destinación ilícitos, sin sancionar a las personas directamente. Este mecanismo, considerado de naturaleza patrimonial y no penal, ha generado debates sobre su compatibilidad con las garantías judiciales fundamentales como el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. La Corte Constitucional ha resaltado la necesidad de equilibrio entre la eficacia del proceso y el respeto a los derechos de los involucrados, aunque se cuestiona la inversión de la carga de la prueba y el trato a terceros de buena fe. El objetivo de la investigación es analizar el alcance de las garantías de juzgamiento dentro del proceso de extinción de dominio en Colombia y ofrecer una perspectiva crítica sobre el grado de cumplimiento de estas garantías en el marco normativo y práctico.
Derechos de autor 2026 Juan Camilo Páez-Jaimes (Autor/a) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
La valoración de la prueba en las demandas públicas de inconstitucionalidad en Colombia
El presente artículo examina la importancia de la valoración de la prueba en las demandas públicas de inconstitucionalidad en Colombia, destacando como el análisis de los medios de prueba en las acciones públicas de inconstitucionalidad no se limita a un simple estudio de pruebas documentales, sino que conlleva una reflexión profunda por parte de la Corte Constitucional, que debe considerar el aspecto social, cultural y político en el que se generan las normas demandadas, su incidencia en la vulneración de la Constitución y sus efectos en la sociedad. Lo anterior resulta indispensable debido a que algunas normas se expiden con violación a su trámite legislativo, y otras presentan incidencias negativas directas en los derechos fundamentales de colombianos y extranjeros en el país. Por lo anterior, resulta indispensable que el juez constitucional, además de valorar adecuadamente la demanda, realice un ejercicio de constitucionalidad de los cargos acusados en la demanda y analice sus efectos en la vida social al momento de proferir sus sentencias de constitucionalidad.
Derechos de autor 2026 Carmen Luz Cobos-González, Jairo Amaya-Rodríguez (Autor/a) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
La casación de oficio en la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia: una manifestación de la tutela judicial efectiva
La naturaleza del recurso extraordinario de casación en el proceso civil se vio modificada con el Código General del Proceso, con la posibilidad de casar de oficio las decisiones que afecten intereses protegidos por el Estado, situación que contrasta con el objeto del proceso civil, en el que se dirimen conflictos sobre la titularidad de derechos subjetivos y, por regla general, se persiguen pretensiones patrimoniales, lo cual ha llevado a generar en la comunidad la idea de que no tiene cabida la concurrencia de garantías fundamentales como la tutela judicial efectiva, tesis que resulta cuestionable en un Estado social democrático de derecho. En este escrito se analizan los alcances y límites de la casación de oficio de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia para la protección de la tutela judicial efectiva, a través de una metodología regida por la hermenéutica jurídica, con un enfoque cualitativo. Se concluye que la tutela judicial efectiva puede ser restringida por los requisitos que establezca el legislador, cumpliendo con los principios de razonabilidad y proporcionalidad, y, por otra parte, toda vez que el recurso de casación tiene un raigambre constitucional, que le impone el deber de proteger los derechos humanos, es necesaria su actividad oficiosa para garantizar la justicia material, cuando se avizore un yerro evidente y grave en la sentencia proferida por el ad quem, que afecte al orden o el patrimonio público y los derechos y garantías constitucionales.
principios de razonabilidad y proporcionalidad
Algunas nociones sobre la prueba en el proceso, la carga de la prueba y la prueba de oficio
Este escrito aborda algunas nociones sobre la prueba, entendiéndola como un elemento indispensable en sede judicial para procurar la acreditación de los hechos controvertidos a fin de dotar al juzgador del mayor grado de conocimiento y certeza para la resolución justa del proceso, lo cual involucra a todos los partícipes, incluido el juez. Inicialmente, se aludirá a algunas nociones generales, como el concepto propio de prueba, la prueba judicial, sus elementos, qué se debe probar y por qué se prueba, como un marco teórico previo al estudio de la carga de la prueba, en el que se abordarán sus fundamentos jurídicos y sus diversas aplicaciones en algunas jurisdicciones, analizando los matices propios de tal institución, según su naturaleza judicial. Por último, se particularizará en la prueba de oficio, analizando lo que el concepto deriva para el rol del juez en el proceso judicial en el marco del Estado social de derecho, ligado a la función de la administración de justicia y las garantías propias del debido proceso y la tutela judicial efectiva.
Reseña del Libro El Derecho Internacional Humanitario y Juego de Tronos
En un mundo en el que la enseñanza del Derecho Internacional Humanitario (dih) busca mantenerse vigente ante las demandas de las nuevas generaciones, surge la necesidad de reinventar su pedagogía. Las generaciones actuales buscan métodos de aprendizaje que no solo reflejen sus realidades, sino que también les permitan conectar con los complejos principios del dih de manera dinámica y accesible. Es aquí donde explorar enfoques innovadores se vuelve crucial para abrir caminos que transformen la enseñanza tradicional en experiencias cautivadoras y relevantes para distintos públicos. Porque si la guerra evoluciona, ¿por qué no proponer una evolución también en la manera en que aprendemos las normas que buscan mitigar sus efectos? Una de las estrategias más novedosas y eficaces es la elaboración de puentes entre la ficción y la realidad, con la ficción popular como parte del análisis. Y es precisamente el libro intitulado Derecho Internacional y juego de tronos, editado por Tirant Humanidades en coordinación con la Academia Colombiana de Derecho Internacional (Accoldi), el que apuesta por un enfoque metodológico que viene a deconstruir parte de la literatura jurídica contemporánea, utilizando el universo de Westeros como el escenario para analizar los principios normativos que regulan los conflictos armados en realidad
La revista Temas Procesales se ha caracterizado por ser una publicación de alto impacto que, a través del trabajo de importantes juristas, se ha consolidado como un referente para la comunidad jurídica nacional e internacional. Hoy, con una mirada moderna y comprometida, aborda no solo los temas clave del derecho procesal, sino también los grandes debates del derecho contemporáneo, que giran en torno a la prueba judicial y a la justicia en una sociedad inequitativa y diversa como la latinoamericana. Este es un espacio abierto al pensamiento crítico y a la producción académica de calidad, que invita a juristas, investigadores y operadores judiciales a ser parte activa de la transformación del derecho
Derechos de autor 2026 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
El poder del juez indígena frente al debido proceso
El presente artículo de reflexión tiene como objetivo principal desarrollar el concepto sobre los poderes que ostenta el juez indígena dentro de su jurisdicción especial, esto a la luz del debido proceso como uno de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia en el artículo 29, el cual, independiente de que se trate de jurisdicciones especiales, aplica para todas las categorías de personas. El debido proceso, sin duda, atañe a todo lo referente a las actuaciones judiciales y también administrativas; esta garantía constitucional no puede vulnerarse en ninguna de las etapas procesales, incluso si estas se surten en sede especial como lo es la jurisdicción especial indígena. En razón de lo anterior y con base en los poderes judiciales que han sido otorgados a los jueces indígenas según el Convenio 169 de la OIT y el artículo 246 de la Constitución de 1991, las decisiones de estos jueces son autónomas en relación con las demás jurisdicciones, pero deben tener en cuenta las garantías y derechos fundamentales que son inherentes tanto al ser humano como al procedimiento que se surte. En este orden de ideas, el artículo, además de desarrollar el concepto del poder judicial de los jueces indígenas, pretende exponer, en el contexto procesal, la evolución que han tenido los poderes del juez en la jurisdicción indígena.
Derechos de autor 2025 Revista Temas Procesales
La crisis de la ley procesal en Ecuador a partir de la teoría de la racionalidad de Michele Taruffo
El enfoque de investigación del presente artículo marca una metodología cualitativa y es el resultado del análisis crítico de la obra Racionalidad y crisis de la ley procesal de Taruffo (1999) en relación con el caso ecuatoriano. Este estudio pretende resolver, a través del método analítico crítico, la siguiente interrogante: ¿La doctrina como fuente del Derecho puede ayudar a solucionar la crisis de la ley procesal? La construcción de la ley procesal a lo largo de los años ha recibido críticas de coherencia y funcionalidad, pero lo importante de todo ello es que la experiencia histórica nos ha enseñado que la doctrina ha entregado soluciones a los diferentes problemas de orden procesal. En Ecuador, las dificultades que se han dado por repetición de tópicos y tropiezos deberían ser superadas por la experiencia en el derecho comparado. Sin embargo, no ha sido posible porque esta experiencia guarda el contexto social propio de cada país y, después, el desarrollo de la ley procesal encuentra una división perjudicial desde la vigencia del Código Tipo Modelo para Iberoamérica. Este trabajo tiene por objeto, a partir de la teoría de la racionalidad propuesta por el profesor Taruffo, observar varios aspectos de valoración judicial, considerados como crisis en nuestro proceso civil debido a la creación de normas y su diversa y libre interpretación que ha dejado el moderno proceso civil. Para ello, el artículo se aborda desde cuatro puntos fundamentales: Características del nuevo Código Procesal. Observación de los problemas de la ley procesal. Explicación de los motivos de la crisis. Posibles soluciones. Dentro de las conclusiones planteadas se evidencia que, a partir de la teoría de la racionalidad (Taruffo, 1999), en Ecuador existen problemas de la ley procesal que inciden en la valoración judicial, y que puede existir una crisis de la ley procesal dentro de la normativa interna.
El Internet como Derecho Fundamental Autónomo o un Servicio Público Esencial
El internet hoy ha pasado de ser una simple innovación tecnológica a tener la categoría de servicio esencial, como es el caso de Colombia, y en muchos casos se le da la categoría de derecho fundamental autónomo de carácter prestacional. Sin embargo, para nosotros, esta herramienta debe pasar de ser considerada un simple servicio y llevarse a la categoría de derecho fundamental autónomo, en razón de que se constituye en la plataforma necesaria para la realización de muchos derechos. Por ello, los Estados deben garantizar a cada uno de sus habitantes el goce efectivo de este derecho. Este derecho está directamente ligado con la dignidad humana, que se adquiere por el simple hecho de nacer. En la actualidad, hemos trascendido de la realización de derechos en el mundo fenomenológico a la realización de los derechos en un mundo virtual. Dicho espacio o mundo virtual, por su vertiginoso crecimiento, hoy goza de la regulación y control por parte del Estado.
tecnologías de la información y comunicación
La iniciativa judicial en la jurisdicción de lo contencioso administrativo
La jurisdicción contencioso administrativa está instituida para resolver determinados conflictos que requieren de un juez con conocimientos diferentes, con una lógica del ordenamiento jurídico de características y sujetos que, en esencia, se distancian de los conflictos de derecho privado. En consecuencia, tiene una relación lejana con los conflictos que se resuelven en la jurisdicción ordinaria; ello es así debido a la desigualdad existente entre administrados y administración, concedida por la presencia de unas prerrogativas para el Estado. De acuerdo con lo anterior, el proceso judicial que se tramita en la jurisdicción contencioso administrativa cuenta con normas particulares que entregan derechos y deberes para las partes y que otorgan poderosas facultades al juez como director del proceso, las cuales se justifican inicialmente al igual que en el derecho privado, en la búsqueda de la verdad y en la garantía de la tutela judicial efectiva. Sin embargo, se presentan características que obligan a estudiar la iniciativa judicial desde el núcleo del proceso contencioso administrativo colombiano, que suele utilizar lógicas diferentes a las del derecho procesal civil, en especial en actuaciones como su iniciación, la prueba de oficio, el control por vía de excepción y la terminación del proceso. Se implementa una metodología exploratoria y analítica, formulando como hipótesis que existen actuaciones que tienen como protagonista al juez dentro del proceso contencioso administrativo colombiano, el cual es considerado de naturaleza dispositiva. Se puede concluir que se confunden los linderos entre un proceso principalmente dispositivo con la existencia de múltiples actuaciones que son características de un sistema inquisitivo y con clara iniciativa judicial.
Integration of procedural provisions in Colombia: a case study as evidence of the chaos regarding to effective protection and due process
There are several application problems which are encountered in the development of the judicial process in Colombia, both from the exclusive scope of subjects regulated by the current General Process Code and from any of the special areas of application, within which there are, for example, the Code of Administrative Procedure and Administrative Litigation. These challenges in the application are fundamentally originated by the misunderstanding of how procedural law works as a system in Colombia, where the consideration regarding the rules is so useful that it allows the integration of procedural provisions, taking into account aspects which are not regulated according to the CPACA. The interpretation of procedural norms and the gaps and deficiencies of the code are based on the CGP. This misunderstanding is reflected in practice because it affects the right to equality and the ignorance of the principles of legal security and predictability of the law, which are the cornerstone of a State that declares itself as a Social Law. In summary, this text allows understanding procedural law as a system in Colombia and current application problems using a case study.
La tipificación del delito de injuria y calumnia en el derecho penal latinoamericano. Un análisis desde la Convención Americana sobre Derechos Humanos
El delito de injuria y calumnia son muy comunes en Colombia, por ende, el ordenamiento jurídico colombiano los tipifica dentro del Código Penal colombiano. Por ello, el presente artículo tiene por objeto analizar estos delitos desde una perspectiva internacional, en contraposición con el derecho a la libre expresión. Inicialmente, se caracteriza la importancia del principio de legalidad existente en los distintos ordenamientos jurídicos a partir de un recuento doctrinal y jurisprudencial, con la finalidad de relacionarlo posteriormente con el derecho a la libre expresión y la evolución legal de las conductas punibles derivadas de esta potestad de comunicación. Por tanto, se estudian los límites y vacíos dentro de un marco de legalidad y tipificación objetiva que han hecho parte del ordenamiento jurídico penal latinoamericano en torno a los delitos de injuria y calumnia. En este documento resaltan los distintos pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional desde su papel y función garantista, en un ámbito internacional para el primer ente, e interno dentro del territorio colombiano para la Corte Constitucional.
Corte Interamericana de Derechos Humanos
El análisis de contexto en la decisión judicial transicional: el forcejeo entre la verdad y la paz
La búsqueda de la verdad en ilación precisa con lo que en realidad acaeció en un determinado momento –“verdad por correspondencia”– es un objetivo encomiable de la decisión judicial. Sin embargo, es cuestionable que sea el único cometido fundamental. Un sector de la doctrina plantea que la paz para un conflicto es el principal y único mandato del proceso a través de la sentencia. Ese enfrentamiento de posturas (verdad vs paz) encuentra un punto de confluencia en la justicia penal transicional, donde la verdad y la paz son objetivos constitucionales plausibles, pero, ante todo, equiparables en la sentencia. La metodología probatoria edificada a partir del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho penal internacional denominada “análisis de contexto”, es un perfecto ejemplo de que la “verdad por correspondencia” para los crímenes de guerra y de lesa humanidad en el marco de procesos de justicia transicional, es una noble aspiración para la sentencia, pero en la práctica es difícil su consecución, pues debe solventarse con el valor superior de la paz.
Retroactividad y precedente jurisprudencial aplicación del precedente a una situación antecedente: análisis de la sentenciaT-486 de 2005
En este artículo se analizan algunas de las principales razones que justifican la aplicación del precedente jurisprudencial como sistema de interpretación vinculante en el ejercicio de función jurisdiccional, tales como la aplicación del principio de igualdad, el no afectarse con ello el principio de independencia judicial y autonomía del juez, así como tampoco su posición activa y creativa al interior del proceso jurisdiccional, independientemente de que el sistema legal imperante sea el Civil Law, dada la distancia que cada vez es menor con el Common Law. Asimismo, se analizan aquellos aspectos que evidencian su inconveniencia, justamente porque se ven afectados los principios de independencia y autonomía al no poder apartarse el juez con facilidad del precedente, con el inconveniente de que el juez deja de ser un sujeto procesal que impulsa la evolución del derecho, de acuerdo con las dinámicas –por cierto cambiantes– de la realidad social; además de no ajustarse esta forma de interpretación al sistema legal adoptado en Colombia. Para ello, se abordan algunas normas de carácter constitucional, otras de índole legal y algunas sentencias que se relacionan de manera directa con este tema y que facilitan y propician a la vez la discusión. Además, se hace un análisis de la sentencia T-486 de 2005 a través de la cual se desconocieron los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, en razón de la ponderación del principio de igualdad; todo ello justificado en la aplicación de un precedente que no operaba para el momento en que fue decidido el conflicto allí planteado, de tal manera que, sin haberse hecho un análisis expreso por parte de la Corte Constitucional, aconteció que se aplicó de manera retroactiva el precedente, al hacerlo extensivo a un conflicto que ya había sido decidido. Así, se concluye que la Alta Corporación realizó una interpretación y aplicación errada del precedente jurisprudencial, afectando así el principio de seguridad jurídica.
Los elementos imprescindibles para el establecimiento legal de la infracción aduanera y las conductas típicas que la configuran
La responsabilidad en el campo administrativo es el punto de partida para llegar al análisis de lo que se considera infracción administrativa. Se busca con este trabajo trasladar su aplicación al campo de la normativa del derecho internacional aduanero, bajo la denominación de infracción administrativa aduanera, pretendiendo, por último, plantear lo que podría ser un catálogo de infracciones administrativas aplicable en materia aduanera y que pueda ser utilizado, de manera general o común, en los diferentes regímenes aduaneros y legislaciones internacionales desde la condición de declaración inexacta y de obligaciones aduaneras atribuidas a los operadores de comercio exterior.
La prueba de oficio en el Código General del proceso
El Código General del Proceso tuvo la finalidad de actualizar el sistema procesal civil colombiano en concordancia con las tendencias contemporáneas. A tono con esta finalidad, avocó por un sistema procesal en que el juez asume un papel preponderante dentro del servicio de administración de justicia, así el juez queda investido de amplios poderes de dirección. Sin embargo, estos poderes se encuentran supeditados al respeto de los derechos y garantías constitucionales y procesales de las partes. La prueba de oficio se erige como uno de los instrumentos más importantes con los que cuenta el juez, pues con ella este operador judicial puede esclarecer los hechos que le permitan proferir una sentencia lo más ajustada posible a la verdad de lo sucedido. No obstante, el ejercicio de este instrumento, en algunas ocasiones, pone en entredicho garantías procesales como la imparcialidad del juez y la igualdad de las partes. Este artículo es producto de una investigación cualitativa que, mediante la recolección de información a través de la revisión documental y de bases de datos, examina las diferentes aristas y argumentos de defensores y retractores de la prueba de oficio. Al final, concluye con una propuesta que tiende a conservar la prueba de oficio, pero con algunas limitaciones que ciertamente se consideran necesarias para el uso adecuado de este instrumento procesal. De esta manera, se busca conseguir un equilibrio entre cumplir el objeto de la prueba de oficio y respetar las garantías procesales de las partes.
Aplicabilidad de las cadenas de razonamiento por los jueces de lo contencioso administrativo de Medellín, al momento de apreciar la prueba testimonial
Identificar la verdad probable en un proceso judicial tiene una relación de causa y prueba. De este asunto, el Dr. Michele Taruffo hizo un gran aporte al derecho procesal al instar a encontrar la verdad o falsedad de un enunciado fáctico como finalidad para una decisión jurídicamente correcta. Con este artículo investigativo se quiere realizar un homenaje a este ilustre hombre, quien con un lenguaje sencillo y profundo dejó huella imborrable en el Derecho. En el desarrollo de este análisis, el juzgador debe apartarse de su criterio subjetivo y encaminarse a un procedimiento razonable, inductivo y sistemático. Al respecto, el medio de control de Reparación Directa por privación injusta de la libertad ha tenido cambios notables que los jueces de lo contencioso administrativo han tenido que adoptar a la hora de decidir. No obstante, en cuanto a los medios de prueba, el testimonio sigue siendo un medio importante para contribuir a esclarecer dicha verdad probable; es un estudio que debe estar precedido de un razonamiento inductivo que permita establecer la verdad en grado sumo de probabilidad. Esto ha conducido a que, en la prueba testimonial, puedan aplicarse como herramienta de pensamiento las cadenas de razonamiento, de tal forma que las mismas permitan una aproximación más cercana y más probable a la verdad.
Prueba y verdad. Reflexiones desde la obra de Michele Taruffo
En este artículo se reflexiona sobre los conceptos de prueba y verdad con fundamento en el trabajo del maestro Michele Taruffo, a través de una metodología analítica y crítica hermenéutica, utilizando herramientas como la globalización del análisis, el empleo sistemático de la comparación y el estudio interdisciplinar, elementos que destacaba el insigne maestro en el abordaje de los problemas planteados. En el discurso teórico se abordan temas como: enunciados fácticos, el contexto procesal, la prueba y su relacionamiento con el fin de verdad en el proceso. Se encontrará cómo los autores presentan un estándar para la construcción de enunciados, fijando el inicio de todo proceso en la realidad, señalando que el contexto procesal es un espacio donde convergen varios puntos de vista que conforman un escenario en el cual debutan los enunciados. Asimismo, se presenta la prueba como aporte de conocimiento y como elemento de persuasión; finalmente, se señala que el juez, en su valoración, en todo caso debe establecer la correspondencia del enunciado con la realidad del hecho que se describe, en una constante relación entre prueba y verdad. Además, se indaga por el proceso y la dinámica de producción de conocimiento desde una perspectiva empírica, centrando el estudio en la técnica de formulación y discusión sobre los enunciados que tienen como base hechos que pueden ser verdaderos o falsos, según el interés de parte y la visión normativa o lógica con que se evalúen, asegurando con ello la necesaria aptitud para el dominio de las narraciones y su puesta en escena, a la luz de las cuales la función de la prueba como fuente de conocimiento y persuasión puede denotar mayor importancia para la democracia y la justicia de la decisión.
La verdad, la prueba y los estándares de suficiencia probatoria. Una reflexión en torno al pensamiento transformador de Michele Taruffo con respecto a la nueva enseñanza del derecho procesal
El presente artículo fue elaborado en consideración al pensamiento y la obra del profesor Michele Taruffo en los ámbitos jurídico, filosófico y pedagógico. En la primera parte se analiza la prueba y su vinculación con la verdad desde una perspectiva histórica, filosófica y epistémica. Luego, se aborda la incidencia de los estándares de prueba respecto de la construcción de un proceso judicial racional, en donde la averiguación de la verdad es el eje central de la valoración probatoria. Finalmente, el estudio concluye con algunas reflexiones acerca del legado del tratadista italiano para América Latina con respecto a la nueva enseñanza del derecho procesal. Por lo tanto, este artículo de investigación propone visibilizar la trascendental contribución de Taruffo en la renovación del derecho procesal tradicional a través de su gran influencia en la formación teórica de los profesionales de la justicia, en cuanto al estudio de importantes tópicos de la cultura jurídica contemporánea tales como la verdad, la prueba y los estándares de suficiencia probatoria, en donde el conocimiento verdadero de los hechos en litigio funja como pieza clave en dicha búsqueda. Advirtiendo que la verdad alcanzable dentro del sumario solo se puede obtener en términos de probabilidad. Todo esto, con base en una metodología de investigación cualitativa y descriptiva, con sustento en el análisis principalmente doctrinal.