Negación del acceso a la administración de justicia en casos deviolencia contra la mujer

Resumen

Pese al amplio marco normativo, abundante jurisprudencia y la existencia de diversas organizaciones de derechos humanos que propenden por el respeto de los derechos de la mujer, la violencia desplegada en su contra sigue siendo un fenómeno global persistente.

En Colombia, a raíz de la expedición de la Ley 1542 de 2012, que eliminó el carácter querellable y desistible de este delito, su investigación es oficiosa, lo cual ha incrementado notablemente su judicialización, sobre todo cuando se trata de capturas en flagrancia, ya que, al ser la pena mínima superior a 4 años, en todos los casos de captura debe legalizarse el procedimiento ante un juez de control de garantías.

Es por ello que, ante la enorme congestión de procesos en la Fiscalía, se ha considerado que no es posible continuar con la investigación, ya que la víctima usualmente no va a testificar en el juicio o no quiere declarar basándose en su derecho a la no incriminación. Por tanto, concluye el ente investigador que no tiene elementos probatorios para sostener una acusación y, dada la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, decide terminar el proceso acudiendo ante el juez de conocimiento para tramitar preclusión por este motivo.

El presente artículo hace un análisis de la normativa nacional e internacional y la jurisprudencia relacionada con la protección de la mujer frente a los actos de violencia, la cual busca no solo prevenir y erradicar, sino también sancionar a los infractores de estas conductas. Además, examina cómo la solicitud de la Fiscalía de tramitar preclusión por una deficiente investigación conlleva a la negación de justicia para la mujer. Para ello, se utilizará un paradigma naturalista, con un enfoque cualitativo y un método hermenéutico sobre la información documental de carácter jurídico.