TUTELA JUDICIAL EFECTIVA DE LOS DERECHOS SOCIALESEN PANAMÁ

Resumen

La situación panameña que se plantea en el presente artículo puede ser muy similar a la que atraviesan algunos países latinoamericanos que no cuentan con una tutela judicial efectiva de sus derechos sociales. Desde una perspectiva crítica, se caracteriza la tutela de los derechos sociales en la Constitución panameña, para describir luego los recursos constitucionales de protección de derechos difusos con que cuenta su ordenamiento jurídico. Posteriormente, se fundamenta la importancia de implementar acciones constitucionales como el amparo, que atiendan a la tutela de derechos colectivos como los derechos sociales. Para ello es necesario definir criterios que establezcan los estándares mínimos y máximos que deben atender los derechos sociales, y no dejar a la discrecionalidad del poder ejecutivo y/o legislativo los mecanismos de protección. En este sentido, se plantea el criterio de conexidad como alternativa aplicable a la labor de interpretación constitucional que está llamada a ejercer la Corte Suprema de Justicia en pleno, como tribunal constitucional. Esto, con la finalidad de tutelar los derechos sociales vulnerados de forma conexa con derechos fundamentales que, por dicha vulneración, se vean también afectados. La anterior propuesta significaría un gran avance para Panamá, puesto que la parte dogmática de su Constitución Política mantiene, en el Título III, la connotación de que los derechos sociales se supeditan a los derechos fundamentales, con lo que se conciben aquellos como no justiciables. La adopción del principio de proporcionalidad es necesaria para disuadir la discrecionalidad legislativa, en cuanto a la atención prioritaria o no de un derecho social ante otro que se considere más urgente. Desde el punto de vista fáctico, se plantea la necesidad de flexibilizar el alcance de la acción de amparo, para que esta responda a una construcción jurisprudencial con miras a ampliar su espectro, de forma colectiva.